Comisión Investigadora Especial: Declararon funcionarios de las Universidades de Tres de Febrero y La Matanza

Causa escuchas ilegales – 16° reunión

Comisión Investigadora Especial: Declararon funcionarios de las Universidades de Tres de Febrero y La Matanza

Testimoniaron Aníbal Jozami, rector de la Universidad de Tres Febrero, y Alejandro Finocchiaro, decano del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza. El primero hizo referencia a los convenios con el Ministerio de Justicia, el segundo declaró que James nunca estuvo contratado en el área a su cargo.

Diputado Martín Hourest (izq.) y testigo Aníbal Jozami.

Los testigos Aníbal Jozami, Alejandro Finocchiaro y Daniela Rocca declararon ante la Comisión Investigadora Especial (CIE) que indaga sobre las responsabilidades políticas en la causa judicial de escuchas ilegales. Los testigos que declararon hoy no prestaron juramento frente al secretario del juzgado a cargo del juez Gallardo a raíz de que el expediente judicial no se encuentra en el juzgado por haberse presentado una apelación, según explicó el Presidente de la Comisión, diputado Martín Hourest (Igualdad Social). La reunión realizada en el Salón Montevideo del Palacio Legislativo se prolongó por más de seis horas.

Aníbal Jozami

El rector de la Universidad de Tres Febrero, Lic. Aníbal Jozami, fue consultado acerca de una serie de convenios firmados en los años 2008, 2009 y 2010 entre esa casa de altos estudios y el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad por más de 25 millones de pesos. Estos convenios tuvieron relación con la creación de la Policía Metropolitana, y sus objetivos fueron la asistencia técnina para el proyecto de ley de seguridad; la asistencia para la creación de la estructura y diseño de la Policía Metropolitana; adecuación y fortalecimiento técnico; sistema de gestión para la prevención, entre otros.

El testigo declaró que algunos objetivos de los convenios correspondían a “tareas académicas bajo la responsabilidad de la Univiersidad” y agregó que en esos casos el personal fue contratado por dicha casa educativa. En tanto, en otras tareas también contempladas en los convenios citados, la función de la Universidad era la “administración de fondos y contratación de personal por cuenta y orden del Ministerio de Seguridad, sugerido en listados formales por el ese Ministerio para cumplir funciones en el mismo”.

Los diputados Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), Raúl Campos (UCR), Fernando Sánchez (CC) y Marcelo Parrilli (Nueva Izquierda-MST), le preguntaron si sabía que el 80% del personal contratado por cuenta y orden del Ministerio eran miembros de cuerpos de inteligencia de la Policía Federal. El declarante respondió que no tenía “constancia” de ello y luego continuó explicando otros aspectos de la contratación del personal sugerido por esa cartera: “cumplimos con la designación administrativa, hacemos firmar la no incompatibilidad y antes de que la Universidad le pague el sueldo requerimos el certificado al Ministerio de que hubiera cumplido las tareas correspondientes”.

También le preguntaron si conocía a Pascual Maseo, ex oficial de inteligencia que fue contratado por la Universidad por cuenta y orden del Ministerio, detentando estado policial. Respondió que no y aseguró que hoy en esta reunión de la Comisión “acaba de surgir la incompatibilidad” por lo que va a consultar a los letrados si debería hacer la denuncia judicial correspondiente. En ese sentido, aseguró también que la Universidad tiene contratados, hasta fin de año, aún a 148 personas sugeridos por el Ministerio.

El presidente del Bloque PRO, diputado Cristian Ritondo, preguntó al testigo si existían convenios entre el Gobierno de la Ciudad y la Universidad anteriores a los mencionados. El declarante sostuvo que “habían existido convenios específicos pero no convenios marco”. El legislador también le consultó si la Universidad tiene convenios con otras dependencias oficiales. La respuesta fue que sí, que existen convenios con distintos estamentos del Gobierno Nacional.

Finalmente, la Comisión solicitará a la Universidad de Tres de Febrero toda la documentación que acredite el conjunto de los “productos y resultados, con los informes técnicos y avances de los convenios” que se hayan desarrollado en la Universidad.

Alejandro Finocchiaro

Alejandro Finocchiaro, decano del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza, dijo no conocer a Ciro James hasta que el caso salió en los medios de comunicación. Además contestó que “jamás estuvo designado como docente ni en otro cargo de mi Departamento”. La pregunta se le había formulado en función de las declaraciones juradas presentadas por Ciro James ante el Ministerio de Educación y la Policía Metropolitana, en las que afirmaba ser docente auxiliar en las cátedras de Derecho Penal I y Derecho Penal II de dicha universidad, pertenecientes al Departamento a cargo del declarante.

En cuanto a su relación con Jorge “Fino” Palacios, dijo no conocerlo salvo por su aparición en los medios. Respecto de Mariano Nardowski, afirmó haber tenido una relación de amistad que culminó luego de su alejamiento del cargo de asesor del ex Ministro de Educación. Dijo también que luego de hacerse público el caso en cuestión, se reunió informalmente con Nardowski, quien le manifestó: “no tengo idea de cómo llegó este tipo acá (por Ciro James), tengo que averiguar”.

También le preguntaron acerca de su relación con el funcionario Andrés Ibarra. Finocchiaro dijo conocerlo desde poco antes de que asumiera Macri como Jefe de Gobierno, y que hoy, además de unirlo una relación personal, lo asesora en cuestiones jurídicas como militante de PRO.

Otro de los asuntos a los que se refirió el testigo fue la repercusión del caso en la Universidad de La Matanza. Dijo que el Consejo Superior se reunió y que allí se informó de la inexistencia de convenios que contemplasen la contratación de personas entre la institución y el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad. En ese sentido destacó: “sin convenios no existe recomendación”.

Sobre la cantidad de personas que trabajaban en el Ministerio de Educación y al mismo tiempo en la Universidad de La Matanza, cuestión sobre la que indagaron varios diputados, el testigo se limitó a afirmar que ninguna recomendación partió de su persona. “Rara vez me crucé con colegas de la universidad en el Ministerio”, contó el decano, para luego expresar que esos encuentros no le parecían relevante en aquel entonces.

Daniela Rocca

La última en declarar fue la testigo Daniela Rocca, convocada por haber sufrido escuchas en su línea telefónica. El diputado Ritondo (PRO) quiso saber si “detrás de las escuchas puede estar el Jefe de Gobierno, el ex Jefe de la Policía Jorge Palacios o alguien del Gobierno porteño”. La declarante negó esa posibilidad, y agregó que consideraba que las escuchas que sufrió podrían haber tenido relación con el “reconocimiento de paternidad” de su hijo. Luego el diputado Campos (UCR) le consultó si el padre de su hijo “podría tener algún vínculo con algún sector del Gobierno porteño”, a lo que la mujer respondió que no tenía conocimiento de que así fuera.

Audiencias del lunes y martes

Al finalizar la reunión, Hourest informó que no se pudo reprogramar a los testigos para el lunes, y convocó a la próxima reunión de la Comisión para el martes 19 a las 11 horas, con el fin de acordar las siguientes audiencias y la sesión del viernes.

Notas Entradas y pruebas documentales

La decimosexta reunión de la Comisión Investigadora Especial comenzó con la cobertura de la Secretaría en forma provisoria por ausencia de la diputada Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), designación que recayó sobre el diputado Eduardo Epzsteyn (Diálogo por Buenos Aires). Luego se dio lectura a las notas entradas y las ingresadas en carácter de respuestas a requerimientos de la CIE, entre ellas la del representante letrado de la Policía Federal Argentina, comisario mayor Osvaldo Horacio Francisco, que fuera dirigida al Juzgado del Dr. Roberto Gallardo explicando las razones por la que no comparecen funcionarios de la fuerza. Dado que la Procuración General de la Nación no expidió aún, entiende que se trata no de una citación sino de una “solicitud de colaboración” por lo que pide se remitan los cuestionarios.

Otra nota, de la Embajada de Israel, fechada el día 6 pasado e ingresada el 12, señala que ante los requerimientos efectuados oportunamente por la CIE sólo responderá a pedido expreso de la Cancillería argentina y que no brinda información sobre sus actividades diplomáticas. A continuación el bloque PRO aportó como prueba documental dos fotografías que muestran al ex embajador israelí Rafael Eldad junto a Jorge Fino Palacios, una tomada en el año 2006 en el Hotel Sheraton y otra, en el 2007, en el Hotel Alvear, “lo que desmentiría declaraciones reproducidas por la agencia judía de noticias y la agencia TELAM en las que el ex embajador habría dicho que no conocía ni sabía quién es Palacios”, según manifestó el diputado Ritondo. Los diputados acordaron girar las fotografías junto con la versión taquigráfica a la representación diplomática del Estado de Israel.

A continuación se aprobó la versión taquigráfica de la reunión anterior y se hicieron consideraciones respecto a la provisión de testigos; en este sentido se acordó cursar la citación definitiva a los señores Luján Acosta y Martínez y efectuar un nuevo requerimiento a la Policía Federal Argentina dado que remitió fojas y no los legajos completos de algunos funcionarios de esa fuerza de seguridad.

Presentes

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión, Martín Hourest (Igualdad Social), y los integrantes Eduardo Epzsteyn (Diálogo por Buenos Aires), Fernando Sánchez (CC), Martín Ocampo, Cristian Ritondo, Lidia SayaFernando de Andreis, Martín Borrelli (PRO), Marcelo Parrilli (MST- Izquierda Unida),  Rubén Campos (UCR),  Raúl Fernández (Encuentro Progresista) y Juan Cabandié (EPpV). No concurrieron los diputados/as Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Fabio Basteiro (Proyecto Sur), Diego Kravetz (Peronista) y Julián D’Angelo (Socialista).
También participaron Alejandro García, Gerardo Ingaramo, María Herrero, Helio Rebot, Carolina Stanley (PRO), Gabriela Alegre y María José Lubertino (EPpV).

La CIE fue creada el 12 de agosto pasado mediante la Resolución N° 321/2010 y tiene por objeto investigar la responsabilidad que les pueda caber al Jefe de Gobierno, Ministros y demás funcionarios del Gobierno de la Ciudad sobre todo lo concerniente a la Policía Metropolitana y su puesta en funcionamiento; los hechos investigados en la causa judicial N° 12.466/2009 caratulada “James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos” que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7; y hechos “que fueran pasibles de reproche a la luz de las normas que regulan el funcionamiento administrativo, político e institucional de la Ciudad de Buenos Aires”.

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